Alcance jurídico del derecho a la consulta popular y la consulta previa a partir del reconocimiento de la participación ciudadana en el desarrollo de conflictos ambientales en Colombia

Artículo de ReflexiónEl actual documento hace la revisión y análisis de un tema sobre el cual recientemente se han generado varios debates, como lo es el alcance de las decisiones de la ciudadanía en materia de conflictos ambientales. Se entiende por conflicto ambiental, aquel en el que los actores involucrados de manera directa en la realización de un proyecto de exploración o explotación que transforma un ecosistema, tienen diferencias respecto a su realización o forma de realización. En este orden de ideas, el documento expone la manera como en la actualidad se genera el alcance de mecanismos de participación como la consulta previa y consulta popular, profundizando más sobre esta última, que es la más susceptible a generar controversia en la actualidad. El desarrollo del documento lleva a plantear que, el activismo judicial, sobre por parte de la Corte Constitucional, ha permitido reivindicar este derecho para los ciudadanos que no tienen a su alcance la consulta previa, es decir aquellos que no son parte de la protección del Convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas y tribales, posibilitando en la actualidad su participación sobre aquellos conflictos ambientales que se presentan en su territorio. Los argumentos que dan soporte a esta reivindicación, incluyen el carácter participativo del Estado colombiano, la facultad para que sus administrados exijan y gocen de un medio ambiente sano y, la potestad de los entes territoriales para gestionar este tipo de temas.Introducción. 1. La defensa ambiental en la Constitución colombiana de 1991 2. Mecanismos de participación ciudadana frente a la resolución de conflictos ambientales. 3. Importancia de la participación ciudadana en la solución de diferencias por conflictos ambientales. Conclusiones. ReferenciasPregradoAbogad

Between extractivism and the democracy defense: Direct democracy mechanisms in Latin America's socio-environmental conflicts

En este artículo se analizan los mecanismos de democracia directa utilizados en los conflictos socioambientales en América Latina. Demuestra que dichos mecanismos están jugando un papel fundamental, al convertirse en un importante recurso de movilización y acción colectiva “desde abajo”, mientras los gobiernos centrales “desde arriba” han tratado de limitar su alcance o prohibir su implementación, en la medida que pone en el debate público las consecuencias del modelo económico orientado a la apropiación extractivista de los recursos naturales.This article analyzes the direct democracy mechanisms activated in middle of socioenvironmental conflicts in Latin America. It demonstrates that these mechanisms are playing a fundamental role, becoming an important resource for mobilization and collective action «from below», while central governments «from above» have tried to limit the far reaching or prohibit the implementation of that, in view of that these mechanisms puts in the public debate the consequences of the economic model aimed at extractivist appropriation of natural resources

Análisis de la participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental

La participación ciudadana es parte fundamental de la Evaluación de Impacto Ambiental, por esto la investigación analiza la situación actual del proceso participativo en Colombia, con ayuda de la herramienta DOFA, abarcando la literatura, la legislación y algunas experiencias de participación que se han llevado a cabo en este y en otros países. Este análisis permite identificar las principales fortalezas del proceso, entre ellas la interiorización en el inconsciente colectivo del derecho a participar y la existencia de un marco jurídico que lo respalda. De igual manera reconoce la falta de claridad en el concepto de participación ciudadana, como una de las principales debilidades del proceso. Finalmente, como resultado de la investigación se presentan algunas estrategias encaminadas a la construcción de una participación efectiva, vinculante y promotora del aprendizaje social; destacando la importancia del diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de procesos de participación creados a partir de la comprensión del carácter único de cada ejercicio participativo.Abstract. Citizen participation is an essential part of the Environmental Impact Assessment. For this reason, this research analyses the current situation of the participation process in Colombia, with the help of the SWOT tool, covering the literature, legislation and different participation experiences carried out in this and other countries. This analysis allows the identification of the main strengths of the process, among which, is the internalization in the collective unconscious of the right to participate, and the existence of a judicial framework that supports this right. Likewise, it recognizes the lack of clarity in the concept of citizen participation, as one of the main weaknesses of the process. Finally, as a result of the research, we present strategies directed to the construction of an effective, binding participation which promotes social learning. We stand out the importance of design, development supervision and assessment of the participation processes created based on the understanding of the single character of every participatory exercise.Maestrí

Las consultas populares en Colombia: : un mecanismo de participación política en disputa en el sector minero

The increase in environmental conflicts in Colombia have evidenced the diverse interests that exist; This phenomenon occurs while citizens demand to participate in decision-making through movements that seek to make popular initiatives mandatory for the government. The objective of citizens is to oppose extractive projects in their territories. The Constitutional Court of Colombia decided that popular initiatives have restrictions, and that it cannot rule on these matters; this is the exclusive competence of the Government. This paper aims to provide tools for the debate on citizen participation and the scope of popular consultations in the mining sector. The methodology used is documentary analysis. As results, the paper presents the legal consecration of participation in the Colombian legal system. In addition, the paper makes an approximation to the mechanism of political participation of popular initiatives on mining matters and its scope, in accordance with the jurisprudence of the Constitutional Court. As conclusions, the authors present some reflections on the incidence of citizenship in the popular iniatiatives as a mechanism of environmental participation.El aumento de los conflictos ambientales en Colombia han evidenciado los diversos intereses que existen. Los ciudadanos exigen participar en la toma de decisiones en materia ambiental, recurriendo en el marco de procesos de movilización recurrieron a las consultas populares para oponerse a los proyectos extractivos en sus territorios, y exigiendo que sean obligatorios para los gobernantes. Sin embargo, la Corte Constitucional precisó que las consultas populares tienen restricciones competenciales para pronunciarse sobre estos asuntos y, por tanto, la decisión sobre la exploración y explotación del subsuelo es competencia exclusiva de las entidades nacionales. A través de un análisis documental, este artículo pretende aportar herramientas para el debate alrededor de la participación ciudadana y, específicamente, el alcance de las consultas populares en el sector minero. Para ello, presenta la consagración jurídica de la participación en el ordenamiento jurídico colombiano, además de realizar una aproximación al mecanismo de participación política de las consultas populares en materia minera y su alcance, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como resultado, plantea algunas reflexiones sobre la incidencia ciudadanía en la consulta popular como mecanismo de participación ambiental

La consulta previa para la explotación de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas en el marco del convenio 169 OIT y su eficacia en los resguardos del gran pueblo de los pastos que habitan en el departamento de Nariño

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no ha sido un asunto pacífico, sino el resultado de luchas y grandes sacrificios por parte de estas comunidades, en aras de reclamar el respeto de sus condiciones especiales y de la cultura y el territorio que les corresponde. En este marco, la consulta previa es un derecho de especial importancia para estas comunidades y debe originar compromisos ineludibles para el Estado y la sociedad, al tenor de la Constitución de 1991, pues es un mecanismo para garantizar otros derechos de estos pueblos, tales como el territorio, la autodeterminación y la participación. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido a la consulta previa como derecho fundamental en todos los eventos de que trata el convenio 169 de la OIT, pese a lo cual la práctica demuestra falta de garantías para este derecho. (texto tomado de la fuente)The recognition of the rights of indigenous peoples has not been a peaceful affair, but the result of struggles and great sacrifices of these communities, in order to demand respect for their policies and culture and their rightful territory. In this context, consultation is a right of special importance to these communities and should lead to unavoidable commitments to the state and society, under the Constitution of 1991, as a mechanism to guarantee other rights of these peoples, such as territory, self-determination and participation. Therefore, the Constitutional Court has recognized the consultation as a fundamental right in all the events referred to in the ILO Convention 169, although the practice which demonstrates lack of guarantees for this right.MaestríaDerecho Constitucional y Derechos Humano

Tensiones constitucionales de la intervención del estado colombiano en la exploración y explotación minera respecto de las personas y el territorio

Dentro del marco de la presente investigación, se direcciona estudiar las existentes e históricas tensiones constitucionales entre las entidades territoriales y las facultades propias de su autonomía, así como el poder central materializado a través de la nación, en tal sentido estudiar las figuras conexas, los principios, las regulaciones, la normativa y la jurisprudencia. Lo anterior, a partir de un estudio hermenéutico desde los enfoques del iuspositivismo vs. Iusnaturalismo, los cuales ejercen una función orientadora en las vías y resoluciones jurídicas, frente a las tensiones en cuestión. Por su parte, el modelo de la organización territorial y administrativa del Estado colombiano responde a esas tendencias histórico-políticas tradicional, las cuales están basadas en la unidad de mando, en la centralización política y en la descentralización administrativa. No obstante, como mandato constitucional simboliza el poderío normativo del centralismo, la autonomía de su carácter administrativo y el establecimiento generalizado de un orden social igualitario para la ciudadanía en el reconocimiento de derechos. Es por lo que bajo el mismo centro de impulsión, todos los habitantes del territorio se obligan por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales. En ese orden de ideas, es evidente la intencionalidad reglamentaria consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia de 1991, respecto a la autonomía de las entidades territoriales como elemento integrante del Estado, lo cual, se interpreta en el reconocimiento del Estado de Colombia como sistema político unitario y descentralizado. Los recursos minerales son de uso fundamental para el territorio colombiano, por ende, resultan importantes no solamente para el progreso de la sociedad humana, sino para el desarrollo socioeconómico del país y los entes territoriales, motivo por lo cual, dentro las tensiones constitucionales latentes son las de concentrar esfuerzos para trabajar con los entes territoriales en la autonomía de la descentralización. Ahora bien, teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de los entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. Seguidamente, la discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales. En la guía de estudio de la presente investigación, se estructura pasando por diferentes estadios donde inicialmente se busca analizar la tensión Nación - Territorio producto de la actividad y explotación minera, así como la conceptualización de los elementos utilizados en la investigación. Después de esta línea se estudian los modelos mineros en el derecho comparado para luego revisar la legislación minera y la jurisprudencia en Colombia, esta comparación permitirá profundizar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa, propias de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la explotación de los recursos mineros, toda vez que, cada análisis enmarcado en la investigación permitirá condensar y concluir varios temas generales, los cuales pondrán de manifiesto el debate sobre la ejecución de un proyecto de ley que reforme la redistribución de los recursos del Sistema General de Regalías. En Colombia, existe una gran riqueza minera, dentro de las cuales se destacan algunos recursos como el oro, el carbón, las esmeraldas, el cobre, el níquel y el mineral de hierro, entre otros tantos. El potencial es alto y el país se constituye como un gran atractivo para la inversión, tanto así que la minería representa una actividad prioritaria para su desarrollo. Desde la perspectiva económica, la minería constituye una de las apuestas centrales de los dos últimos planes de desarrollo a nivel nacional, los cuales defienden la importancia del sector como fuente de crecimiento, al menos en el corto y mediano plazo. En la misma línea, Fedesarrollo ha publicado informes periódicos en los que se refiere a las rentas generadas por la actividad, su importancia en la balanza comercial y su potencial como generador de empleo. Cabe destacar que en la potestad y titularidad de los recursos naturales no renovables y de los recursos mineros energéticos, siempre ha sido objeto de debate y discusión dentro de los ordenamientos jurídicos y constitucionales, la intervención del Estado en la exploración y explotación minera, respecto de sus entes territoriales, toda vez que dichos recursos representan para los Estados productores de minerales y de hidrocarburos, una de sus principales fuentes de ingresos vía contraprestaciones a título de regalías. Es justamente que partiendo de los grandes recursos que la minería y la extracción hidrocarburífera representan para los Estados, surge entonces, sobre el tapete la discusión del modelo de Estado que se debe implementar y que se debe respetar para la determinación justa tanto de las competencias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones para desarrollar proyectos de este tipo dentro de las entidades territoriales constitucionalmente aceptadas, y las contraprestaciones económicas que percibirá cada una de estas entidades territoriales derivadas de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. La hipótesis planteada va orientada a la proyección de la soberanía del Estado, Teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de dichos entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. La discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales, comoquiera que el Estado ejerce su soberanía sobre los recursos naturales no renovables consagrados en el artículo 332 de la constitución política. El presente trabajo está motivado por la necesidad de conocer y determinar las dinámicas y tensiones en el campo minero, es por eso que se ha planteado la siguiente pregunta problema, ¿Cuál es el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio? En ese sentido, los objetivos planteados en la investigación parten del objetivo general el cual consiste en determinar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio; además de los objetivos específicos estructurados que son: 1. Identificar la forma de organización territorial del Estado Colombiano y su posición frente a los recursos de la minería. 2. Establecer los principios a los cuales las entidades territoriales en Colombia deben ceñirse para la exploración y explotación de los recursos mineros. 3. Definir los límites que ostentan las entidades territoriales en relación con la actividad minera. 4. Analizar los modelos territoriales y administrativos de los recursos mineros planteados en el derecho comparado. Teniendo en cuenta las tensiones constitucionales generadas por el nivel de intervención del Estado colombiano en las actividades de exploración y explotación minera con respecto a las personas y las entidades territoriales, en las siguientes líneas se realizará en detalle, un estudio respecto al modelo territorial y administrativo del recurso minero desarrollado en Colombia y la aplicación de los principios constitucionales objeto de estudio en la regulación minera, asimismo la referencia de la jurisprudencia y legislación colombiana para determinar el alcance de los fallos constitucionales, para posteriormente compararlo con otros modelos tales como el europeo o el latinoamericano. Además, se aborda un análisis sobre la distribución del Sistema General de Regalías y la consideración de si está basado en criterios objetivos de ponderación, así como el estudio de los componentes socio económicos que implica la relación Estado – Empresa – Sociedad. Es este punto, donde se manifiesta una tensión latente entre el principio unitario, relativo a la forma de organización del Estado Colombiano, y el principio de autonomía propio de sus entidades territoriales. De conformidad con lo esgrimido, y al entrar en tensión los anteriores principios, es menester determinar el alcance de la intervención y participación administrativa de las entidades territoriales en la exploración y explotación de yacimientos mineros dentro de sus territorios. Si bien es cierto que la descentralización se caracteriza por el relajamiento de vínculos existentes en las relaciones de autoridad central y del organismo descentralizado o transferencia de funciones del centro a la periferia; no dejan de existir facultades de parte de las autoridades centrales lo cual se explica debido a que, de lo contrario, no estaríamos frente a una organización descentralizada de la administración sino un poder independiente o Estado dentro del Estado. Es por ello que la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, siendo la primera el instrumento necesario para alcanzar la segunda; predicadas desde la expedición de la Carta Política de 1991, responden al anhelo de los constituyentes de una Colombia más equilibrada y más cercana a las necesidades de la población otorgando un grado de independencia a las entidades territoriales concibiendo la posibilidad de autogobierno y administración de asuntos de mayor interés para dichos entes. Se trata entonces de dos conceptos ligados entre sí pero que puesto que ostentan grandes diferencias conceptuales dado que Mientras la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales, la autonomía consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado. No obstante, la presente investigación se plantea la determinación del alcance de los anteriores conceptos enfocado a la explotación y exploración de los recursos mineros determinando de esta manera el grado de participación de estas, teniendo como base el principio que la Constitución Política de 1991 estableció según el cual el Estado Colombiano es un Estado Unitario, dueño de los recursos naturales. Resulta fundamental esclarecer el nivel de autonomía de las entidades territoriales para adoptar decisiones referentes a las mejores condiciones de desarrollo ambiental, social y cultural en su región, esto es, conocer con mayor profundidad el papel que desempeñan en la adopción de autorizaciones para llevar a cabo actividades relativas a la minería en su jurisdicción. Esta investigación es de interés general, en tanto se trata de una problemática que afecta económica, política y socialmente al Estado Colombiano. En la medida en que se fijen parámetros en la exploración y explotación de los recursos mineros, delimitando los alcances o el nivel de participación de las entidades territoriales en el desempeño de actividades en dicho sector, podrá dirimir en gran medida la tensión jurídica previamente descrita y que constituye el objeto de este trabajo

La consulta popular como mecanismo de participación ciudadana frente a las decisiones en materia de minería en los municipios

El problema central del presente artículo monográfico reside en la pregunta: ¿Cómo articular en Colombia la consulta popular como instrumento de la democracia participativa con las decisiones nacionales de explotación minera, para lograr con ella una eficacia preventiva en materia ambiental? Después de la sentencia C053 de 2019, la consulta popular perdió su carácter vinculante en materia de minería. Se Identifica que la participación ciudadana y la minería son dos hechos de gran relevancia para el Estado. La primera, como objeto del derecho constitucional y el segundo, como fuente directa de la dinámica económica del país. Es así que en la actualidad se buscan los mecanismos legales e idóneos para armonizar ambos conceptos, con el fin de resolver los conflictos existentes entre las entidades territoriales, el Gobierno nacional, la población y la industria del sector minero, que se han convertido en el escenario de inseguridad jurídica y conflictividad social. En este entendido, este análisis se centra en la consulta popular y en los fallos más recientes de la Corte Constitucional que comprometen las decisiones de la población referidas a la explotación y exploración minera de sus municipios; se revisa brevemente dicho mecanismo en algunos países de Latinoamérica; y por último, se plantea la armonización de las actividades mineras con los derechos de los ciudadanos, el uso del suelo y la propiedad nacional sobre el subsuelo, para concluir con la necesidad urgente que tiene Colombia de crear e implementar un mecanismo funcional en el que confluyan todos los actores directos e indirectos en la problemática de explotación minera.The central problem of this monographic article resides in the question: How can it be possible to articulate the referendum as an instrument of the participative democracy in Colombia with the national decisions of mining, so it is possible with it to achieve a preventive effectiveness in environmental matters? After the Sentence C053 of 2019, the referendum lost its binding nature in matters of mining. It can be identified that the referendum and the mining are two very relevant issues for the State. The first, as an object of the constitutional right, and the later, as a direct source of the economical dynamic of the country. Consequently, nowadays the legal and appropriate mechanisms are being searched to harmonize both concepts, in order to solve the existing conflicts within the territorial entities, the national Government, the population, and the mining industry, who have become the center of legal uncertainty and social unrest. In this regard, this analysis is centered in the referendum and the most recent rulings of the Constitutional Court that affect the decisions of the population referred to the operations and exploring of mining in their municipalities; this mechanism is revised briefly in some Latin-American countries; and lastly, a harmonization is proposed for the mining operations and the citizen rights, the use of the land, and the national property over the underground, to conclude with the urgent need that Colombia has of creating and implementing a functional mechanism in which all the direct and indirect actors converge in the mining operations conflict.Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades TerritorialesMaestrí

Aproximación al contenido constitucional del derecho a la participación ciudadana no indígena en contextos de actividades extractivas mineras

En este trabajo de investigación, la autora da respuesta al problema de si ¿las personas no indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones en contextos de actividades extractivas mineras?, para lo cual, realiza un esbozo conceptual del sistema de derechos fundamentales, el fundamento de los mismos y del contenido constitucionalmente protegido de estos. Seguidamente, analiza el derecho a la participación ciudadana como un derecho fundamental, ubicándolo para ello en el ordenamiento jurídico peruano y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, realiza un análisis de las normas de desarrollo constitucional e infralegales que concretizan el derecho a la participación ciudadana en contextos de actividades extractivas mineras, con la finalidad de evidenciar el marco regulatorio y su eficacia en cuanto a la participación ciudadana; de este modo, fundamenta la necesidad de la participación ciudadana en este tipo de actividades y en el marco de un Estado democrático como el peruano. Finalmente, teniendo claro el fundamento del derecho a la participación ciudadana y argumentada la necesidad de su materialización y protección en escenarios de alta conflictividad, como lo son las actividades extractivas mineras, llega a la hipótesis de que las personas no indígenas sí tienen derecho a participar en la toma de decisiones en contextos de actividades extractivas mineras, puesto que aquellos son titulares del derecho comprendido dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la participación ciudadana. De esta manera, ubica dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la participación ciudadana al derecho a la participación en la toma de decisiones en contextos de actividades extractivas mineras, ello más allá de la consulta previa que únicamente resulta aplicable para pueblos indígenas y no para personas que no se circunscriban dentro de uno.Tesi

La consulta previa urbana como mecanismo de garantía del derecho a la ciudad a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano

Los ecuatorianos vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia (Art. 1, CRE) que ha reconocido el “Derecho a la Ciudad” dentro del catálogo de derechos del buen vivir en la carta magna1. Si bien el reconocimiento de este derecho en la Constitución fue un gran paso, es solo el primero de un largo caminar (Ávila Santamaría, 2011, p. 17). En este sentido, esta disertación va a demostrar la necesidad de la aplicación de un proceso de consulta previa urbana, libre e informada como un mecanismo de socialización efectivo, previo a la gestión de los GADS municipales, con la finalidad de democratizar el proceso de toma de decisiones y así, legitimar plenamente un nuevo orden jurídico - urbanístico que garantice el derecho a la ciudad de Ambato, y pueda ser aplicado en otras ciudades. Por lo tanto, este trabajo va a ser beneficioso especialmente para los gobiernos del nivel autónomo y específicamente para el GAD Municipal de la ciudad de Ambato, el cual puede adoptar la propuesta de aplicar la consulta previa urbana como un mecanismo de garantía de este derecho y ser pionero a nivel nacional e internacional en que su reconocimiento sea efectivo y no quede simplemente en letra muerta